Una investigación realizada por la Relatora Nacional sobre la Trata de Personas ha sacado a la luz una red de traficantes eritrea. Operando en parte desde los Países Bajos, ha cometido delitos de tráfico de personas, violencia y otras atrocidades contra solicitantes de asilo de Eritrea.
Los traficantes encarcelaron a las víctimas en almacenes, las sometieron a inanición, extorsión y golpizas, además de venderlas o abandonarlas en el desierto para que murieran.
Testimonios de las víctimas
La relatora Conny Rijken basó su investigación en 124 declaraciones de testigos. En su mayoría solicitantes de asilo eritrea que pagaron a contrabandistas para llegar a los Países Bajos, pero que fueron víctimas de trata en Libia.
Las víctimas, que huían en busca de un futuro mejor, se vieron obligadas a utilizar servicios de contrabandistas debido a la falta de documentos para viajar legalmente.
Una vez en Libia, fueron confinadas en almacenes superpoblados y sin instalaciones sanitarias. Donde sufrieron violencia física y verbal, desnutrición y fueron forzadas a solicitar más dinero a sus familiares bajo coacción.
Modus operandi de los traficantes
Los traficantes utilizaban mangueras de jardín mojadas para golpear a las víctimas, aumentando el dolor infligido.
Algunos testigos informaron que abandonaron a personas heridas en el desierto para que murieran.
Además, los traficantes obligaban a las víctimas a realizar trabajos, que iban desde preparar alimentos hasta abusar de otros solicitantes de asilo.
Los traficantes secuestraron o vendieron a muchas personas múltiples veces durante su estancia en Libia, obligándolas a pagar repetidamente por su liberación.
Detención de los principales sospechosos
El Ministerio Público neerlandés (OM) sospecha de siete hombres involucrados en esta red de tráfico de personas.
Los dos principales sospechosos dirigían campamentos de recepción en Libia: Walid, quien actualmente enfrenta un juicio en los Países Bajos, y Kidane, a quien los Emiratos Árabes Unidos extraditarán próximamente.
Los otros cinco están acusados de organizar la extorsión y los flujos de dinero en los Países Bajos, visitando a familiares de las víctimas para exigirles dinero.