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Ucrania - Foto de Elena Mozhvilo en Unsplash

En el marco de la invasión rusa a Ucrania, los Países Bajos han mantenido una postura reticente respecto a las solicitudes de la Unión Europea de bloquear el tráfico de Internet ruso en territorios ocupados. A pesar de las indagaciones reiteradas de la Comisión Europea desde septiembre de 2022, el gobierno holandés tardó más de un año en responder, revela una investigación de Trouw en colaboración con Investico, basada en correos electrónicos internos del Ministerio de Asuntos Exteriores obtenidos mediante la Ley de Gobierno Abierto (Woo).

Ripe NCC en el Ojo del Huracán:
Ripe NCC, con sede en los Países Bajos y encargada de la gestión de Internet en 76 países, incluida la Rusia invasora y la Ucrania invadida, se encontró en una encrucijada tras la invasión. Ucrania solicitó aclaraciones sobre si la organización debería continuar ofreciendo servicios en las zonas ocupadas por Rusia, lo que puso al gobierno holandés en la posición de tener que tomar una decisión final al respecto, en virtud de las sanciones impuestas por la UE.

La Respuesta de los Países Bajos:
Después de un prolongado período de indecisión, marcado por respuestas evasivas y la falta de actualizaciones significativas a la Comisión Europea, los Países Bajos finalmente determinaron que Ripe NCC estaría exento de las sanciones, permitiéndole continuar operando tanto en Rusia como en las regiones ocupadas. Esta decisión se tomó a pesar de las claras implicaciones de las sanciones internacionales y las solicitudes directas de Ucrania para la restricción de estos servicios.

Reacciones y Consecuencias:
La dilación y la eventual decisión del gobierno holandés han generado críticas y cuestionamientos sobre el compromiso de los Países Bajos con las directrices de la UE y las sanciones impuestas a Rusia en respuesta a su agresión militar en Ucrania. Mientras el Ministerio de Asuntos Exteriores justifica la tardanza del proceso en la necesidad de recabar información adicional y coordinar discusiones, la demora ha sido vista como un fallo en la respuesta europea unificada frente a la crisis en Ucrania.