Los propietarios de viviendas en el sector privado podrían verse obligados a un reembolso de hasta 6.400 millones de euros a sus inquilinos. Esto ocurrirá si la Corte Suprema confirma las decisiones de tribunales inferiores que han anulado incrementos de alquileres previos.
Según reportes del Financieele Dagblad, estos tribunales han decidido que los alquileres cobrados previamente eran excesivamente altos.
Manteniendo solo el alquiler inicial del contrato ha significado, en muchos casos, una notable reducción del costo para los inquilinos.
Impacto Económico para los Propietarios:
El asesor inmobiliario CBRE, realizando cálculos para la asociación comercial IVBN, estima que los ingresos futuros de alquileres podrían disminuir hasta en un 34%.
Esto sería equivalente a una pérdida adicional de 87.500 millones de euros hasta 2040.
Wim Wensing, presidente de IVBN, ha expresado su preocupación por las posibles consecuencias financieras, incluyendo problemas de liquidez, una disminución en el valor de las propiedades y un impacto negativo en la inversión para nuevas viviendas y medidas de sostenibilidad.
Cambios Recientes en la Política de Alquileres:
Desde 2021, el gobierno ha impuesto restricciones a los aumentos de alquiler, limitándolos a la inflación más un incremento del 1% sobre los aumentos salariales.
Antes de esta medida, los alquileres se incrementaban anualmente en un porcentaje que incluía la inflación, más un recargo de entre 3% y 5%.
Esperanza en los Recursos Legales:
Los propietarios están poniendo sus esperanzas en apelaciones y en una decisión favorable del Tribunal Supremo, que ha sido consultado para clarificar si las interpretaciones de las normas europeas hechas por los tribunales regionales son correctas.
El resultado de esta consulta es aún incierto.
Perspectivas de las Corporaciones de Vivienda:
Aedes, una agrupación de corporaciones de vivienda que administra cerca de 100.000 de las más de 700.000 viviendas de alquiler del sector privado, ha expresado que sería “inevitable” enfrentar reclamaciones millonarias por daños, lo cual califican de “muy indeseable” para el futuro de la construcción de viviendas.