El crimen organizado está aumentando su presencia en el fraude sanitario en los Países Bajos. La Fiscalía no tiene los recursos ni la estructura para combatirlo de manera efectiva.
Los fiscales subrayaron la necesidad de que los municipios y las aseguradoras de salud tomen medidas preventivas antes de que estos casos lleguen al ámbito penal.
Redes criminales involucradas en el sector sanitario:
Recientemente, la Inspección de Sanidad y Juventud advirtió que redes criminales están ayudando a falsificar diplomas y certificados para colocar a personas en el sector sanitario.
Entre los sospechosos hay individuos con vínculos a delitos graves, como atentados en cajeros automáticos y tráfico de drogas.
Según la fiscal Marjolein Verwiel, el crimen organizado está atraído por el sector de la salud porque es más seguro que los delitos violentos y, al mismo tiempo, muy lucrativo.
«Estamos hablando de delincuentes serios que ven en la sanidad una nueva oportunidad», comentó.
La magnitud del fraude sanitario:
El fiscal Timon van der Kraats estima que se defrauda alrededor del 10% de los 100.000 millones de euros gastados anualmente en el sector de la salud.
Esto equivale a 10.000 millones de euros al año, lo que convierte al fraude sanitario en una actividad sumamente rentable para el crimen organizado.
Van der Kraats afirma que estas redes criminales conocen bien las leyes y regulaciones, lo que les permite operar de manera eficiente y evitar ser descubiertas rápidamente.
Limitaciones de la Fiscalía y la falta de coordinación:
La Fiscalía reconoce que no puede abordar este problema por sí sola.
«El OM es solo el último eslabón, no somos la solución», explicó Verwiel.
Ambos fiscales abogaron por una mayor cooperación entre los municipios, las aseguradoras de salud y el gobierno central.
En la actualidad, existe lo que describen como un “infarto de fragmentación”, donde más de 300 municipios operan de manera aislada. Cada uno encargado de supervisar la atención sanitaria en su área.
En muchos casos, los municipios no se coordinan ni emiten advertencias, lo que permite que un proveedor sanitario detectado cometiendo fraude en un lugar se traslade fácilmente a otro.
Algunos ni siquiera cuentan con supervisores adecuados, y otros deben controlar a cientos de proveedores sanitarios sin los recursos suficientes.
El papel de las aseguradoras y la saturación del sistema judicial:
Las aseguradoras de salud han expresado su frustración al señalar que, aunque reportan casos de fraude a la Fiscalía, muchos de ellos no son investigados.
Verwiel aclaró que el OM debe ser selectivo en cuanto a los casos que procesa. Enfocándose en aquellos que tienen un impacto mayor que el de un solo proveedor de atención médica.
Actualmente, los detectives de fraude del sector sanitario en los Países Bajos solo pueden manejar unos 20 casos al año, lo que es insuficiente dada la magnitud del problema.
Según Van der Kraats, es necesario que se preste más atención y se incremente la capacidad para abordar el fraude sanitario.
Llamado a la acción para municipios y aseguradoras:
Tanto Verwiel como Van der Kraats instan a los municipios y aseguradoras a ser más proactivos en la detección de fraude.
Verwiel sugirió medidas simples, como realizar búsquedas básicas en Google para verificar los antecedentes de las empresas sanitarias con las que se firman contratos.
“Me sorprende la cantidad de contratos que se firman sin verificar lo esencial», comentó.