El presidente de Bouwend Nederland, Arno Visser, ha instado al gobierno a establecer «acuerdos vinculantes» entre las autoridades nacionales, municipales y provinciales para garantizar la emisión de 100.000 permisos de construcción al año.
Según Visser, esta sería una medida efectiva para paliar la crisis de vivienda que enfrenta Holanda.
Escasez de viviendas: una cuestión de acción, no de legislación:
Visser sostiene que el problema de la falta de viviendas asequibles en Holanda no se debe a deficiencias en la legislación actual, sino a una falta de decisión y acción por parte de las autoridades locales.
Explica que, aunque el país tiene la capacidad para construir más viviendas, el proceso está bloqueado debido a la concesión insuficiente de permisos.
“No se puede construir ninguna vivienda sin antes tener un permiso”, afirmó Visser. “Si el objetivo es construir 100.000 casas al año, necesitamos otorgar 100.000 permisos anuales, y eso no está sucediendo. La solución no está en cambiar las leyes, sino en tomar decisiones firmes.”
Los municipios como pieza clave:
El presidente de la organización destacó que los municipios juegan un papel crucial en poner en marcha los proyectos de construcción.
Sin embargo, enfatizó que si los municipios y las provincias no pueden resolver la situación, el ministro de Vivienda debería intervenir de forma decisiva.
Visser llamó la atención sobre la necesidad de acción coordinada a nivel gubernamental para poner fin a los retrasos burocráticos.
Por su parte, Merlien Welzijn, diputada del partido NSC, coincidió con Visser y declaró que el ministro de Vivienda debe asumir un rol más activo cuando las autoridades locales no puedan avanzar.
Enfatizó la importancia de construir viviendas sociales, de alquiler medio y asequibles para propietarios. Segmentos que suelen generar menos interés entre los inversores debido a sus menores márgenes de beneficio.
Demoras por excesiva burocracia y litigios:
Uno de los principales obstáculos, según Visser, es la excesiva burocracia, que añade normativas innecesarias y promueve litigios contra los planes de construcción.
Esto provoca que los proyectos se retrasen hasta diez años antes de que se levante una vivienda.
Visser rechaza la idea de que se necesite una nueva «ley de crisis», asegurando que el ministro ya cuenta con las herramientas necesarias para agilizar el proceso, siempre y cuando se actúe con mayor eficacia administrativa.