La aplicación más estricta de las normas contra el falso trabajo de autónomos en los Países Bajos está generando un impacto económico significativo en el sector público.
Muchos autónomos están optando por trabajar a través de agencias de empleo para evitar el escrutinio de la autoridad fiscal (Belastingdienst).
Sin embargo, esta modalidad encarece los servicios en sectores como la asistencia sanitaria, el cuidado infantil y la educación, debido a que las agencias deben añadir un 21 % de IVA a sus tarifas. Un coste que las instituciones públicas no pueden recuperar.
Según un informe de ABN Amro, esta situación está incrementando los costes de contratación en casi un 40 %. Lo que pone en riesgo la capacidad de hospitales, escuelas y guarderías para contratar personal flexible.
Escasez de personal bajo presión
La creciente dependencia de las agencias de empleo para contratar autónomos exacerba la escasez de personal en sectores críticos.
Aunque solo el 1,4 % del personal sanitario, el 1,5 % del personal de cuidado infantil y el 1,7 % del personal educativo actualmente trabaja a través de agencias, estas cifras están aumentando rápidamente.
En total, unos 37.000 trabajadores en estos sectores están empleados mediante esta modalidad, lo que agrava los costes operativos.
Exención del IVA como posible solución
El informe sugiere que eximir del IVA a las agencias de empleo en sectores semipúblicos podría aliviar esta presión. Aunque esta medida costaría al gobierno unos 300 millones de euros en ingresos fiscales, tendría beneficios significativos:
- Reducción de costes: Haría más asequible la contratación de trabajadores temporales.
- Mayor equilibrio de mercado: Ayudaría a limitar el número de trabajadores autónomos, alineándose con los objetivos del gobierno.
- Alivio de la escasez de personal: Facilitaría la incorporación de personal flexible en sectores con alta demanda.
Perspectiva futura
La actual regulación fiscal, diseñada para evitar abusos en el sistema de trabajo autónomo, está creando un efecto colateral inesperado en sectores públicos esenciales.
Mientras el gobierno evalúa soluciones como la exención del IVA, el sector público enfrenta un desafío urgente para equilibrar los costes y la necesidad de personal flexible.