El Consejo Holandés para los Refugiados, VluchtelingenWerk Nederland, ha expresado su preocupación por el enfoque del gobierno hacia los solicitantes de asilo que causan molestias, calificándolo de excesivo y posiblemente fuera de los límites legales. Según un informe de la NRC, hay presiones dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad para intensificar las acciones contra este grupo, incluyendo acusaciones de fomentar perfiles étnicos y discriminación.
Políticas Bajo Escrutinio:
La controversia surge en un momento en que la política de asilo de los Países Bajos se enfrenta a un escrutinio intenso. Alegaciones de que el término “acoso” se ha mantenido intencionadamente vago para permitir un procesamiento más amplio de los solicitantes de asilo, y la negativa de los jefes de policía a cooperar por temor a la discriminación, subrayan los desafíos éticos y legales de tales políticas.
Respuesta del Consejo Holandés para los Refugiados:
El Consejo ha criticado la aproximación simplista y potencialmente ilegal del gobierno, argumentando que socava el Estado de derecho y pone en peligro el apoyo a la gran mayoría de los solicitantes de asilo que no causan problemas. Esta política, según el consejo, no solo afecta negativamente a los solicitantes de asilo inocentes, sino que también perjudica la percepción pública del sistema de asilo.
Posición de la Asociación de Abogados y Juristas de Asilo:
La VAJN, representada por su presidente Wil Eikelboom, también ha expresado su oposición a estas medidas, destacando que afectan a una minoría, pero tienen un impacto desproporcionado en la acogida de solicitantes de asilo. Eikelboom enfatizó su sorpresa y desaprobación ante la promoción deliberada de la discriminación y el perfil étnico en la aplicación de la ley.
Declaraciones del Ministerio de Justicia y Seguridad:
Ante estas críticas, un portavoz del Ministerio de Justicia y Seguridad defendió las políticas implementadas, negando cualquier intención de discriminación. Sin embargo, admitió que la contratación de una empresa de seguridad privada para abordar estas cuestiones no cumplía con la normativa europea, justificando esta decisión por una “urgencia imperiosa”.