Altos funcionarios de los ministerios del Interior y Relaciones Exteriores han expresado su preocupación por la posibilidad de que el Gabinete neerlandés declare unilateralmente una “crisis de asilo” para endurecer las políticas migratorias sin el visto bueno del Parlamento.
Según documentos oficiales, aunque en gran parte censurados, los funcionarios consideran que esta medida sería “democrática y constitucionalmente inaceptable”.
Consejo de los funcionarios: No a la ley de emergencia:
En los documentos presentados al Parlamento, los asesores del Ministerio del Interior señalaron que utilizar la ley de emergencia estatal para intervenir en la política de asilo “no es aceptable” bajo las circunstancias actuales.
Aconsejaron al gobierno que no procediera con este enfoque. Ya que no consideran que la situación del asilo en los Países Bajos justifique el uso de medidas de emergencia.
Las cuales solo deben aplicarse en casos de urgencia extrema.
Los funcionarios del Ministerio de Justicia también coincidieron en que no es posible proporcionar una justificación legal sólida para la medida de emergencia.
Subrayaron que no hay circunstancias excepcionales que requieran activar estas normas.
Debate parlamentario y reacción de la oposición:
El documento fue presentado al Parlamento tras la presión de varios partidos opositores.
Quienes exigieron ver los memorandos que justificaban la intención del gobierno de eludir el control parlamentario en la política de asilo.
Sin embargo, gran parte de las 69 páginas compartidas estaban casi completamente tachadas, lo que provocó una fuerte reacción de la oposición.
Frans Timmermans, líder de GroenLinks-PvdA, calificó la presentación como “una falta de respeto” al Parlamento.
Rob Jetten, del partido D66, también expresó su frustración, señalando que no era posible debatir con documentos tan censurados.
Ante las críticas, el primer ministro Dick Schoof prometió enviar las versiones sin censura de los documentos. Aunque calificó esta medida como “muy inusual” y sin precedentes.
Schoof defendió que el Gabinete no había intentado ocultar información, sino que se trataba de documentos preliminares aún en discusión.
Justificación insuficiente para usar poderes de emergencia:
Los funcionarios también sugirieron que si el Gabinete quisiera proceder con cambios en la política de asilo, debería hacerlo mediante un proceso legislativo normal.
En lugar de recurrir a poderes de emergencia.
Argumentaron que los problemas estructurales, como los relacionados con la recepción de solicitantes de asilo, deben resolverse a través de cambios ordinarios en la política, no mediante la ley de emergencia.
El Consejo de Estado y el Parlamento también han afirmado que la ley de emergencia no puede usarse para abordar problemas estructurales en el sistema de asilo.