El Consejo de Estado de los Países Bajos ha anulado la decisión del Ayuntamiento de Ámsterdam de cambiar los permisos indefinidos de los barcos turísticos a permisos temporales.
Esta medida, implementada para reducir la cantidad de viajes por los canales y combatir el turismo masivo en la ciudad, ha sido considerada desproporcionada y mal fundamentada.
Especialmente en su impacto sobre las pequeñas empresas.
Contexto de la medida:
Como parte de los esfuerzos de Ámsterdam para gestionar la creciente aglomeración turística, el municipio introdujo un nuevo sistema de licencias en los barcos turísticos.
Limitando a 550 el número de permisos para barcos de pasajeros en los canales.
El objetivo era evitar violar la Directiva Europea de Servicios, que exige mantener el acceso al mercado del transporte marítimo de pasajeros.
Para cumplir con esta normativa, la ciudad pretendía cambiar los permisos indefinidos por permisos de duración determinada.
Problemas de justificación:
El Consejo de Estado, máximo tribunal administrativo del país, concluyó que Ámsterdam no justificó adecuadamente esta decisión.
Si bien el municipio tiene derecho a limitar el número de permisos, solo puede hacerlo si existen “razones imperiosas de interés general”.
Sin embargo, el tribunal consideró que los estudios realizados por la ciudad no demostraron de manera concluyente que los barcos turísticos fueran responsables de las molestias para los habitantes locales o de la presión sobre la habitabilidad de la ciudad.
Impacto desproporcionado en pequeñas empresas:
El tribunal también criticó el enfoque selectivo del Ayuntamiento, que afectaba más a las pequeñas empresas que a las grandes.
El Consejo señaló que las grandes compañías, con grandes flotas y numerosos permisos, fueron beneficiadas al ser sus licencias modificadas más tarde que las de los pequeños operadores.
Esto, según el tribunal, entraba en conflicto con el principio de proporcionalidad.
Resultado de la sentencia:
Tras la sentencia, todos los permisos indefinidos vuelven a ser válidos.
El Consejo de Estado subrayó que mientras se mantenga un límite en el número de permisos, esta medida sigue en conflicto con la normativa europea.
Ahora corresponde a la alcaldía de Ámsterdam desarrollar una nueva política que esté debidamente motivada y sea justa para todos los operadores.