Nueve ONGs han presentado una demanda contra los Países Bajos, exigiendo que el gobierno detenga el apoyo con la exportación de armas a Israel y suspenda el comercio con los territorios ocupados.
La denuncia fue presentada el martes en el Tribunal de Distrito de La Haya.
Argumentando que los Países Bajos están violando el derecho internacional al continuar apoyando a Israel mientras aumenta el número de muertos en la guerra de Gaza.
Las ONGs detrás de la demanda:
Entre las organizaciones que respaldan la demanda se encuentran Al-Haq, Al Mezan, Een Ander Joods Geluid (EAJG), el Centro Europeo de Apoyo Legal (ELSC), Groningen Jabalya, SOMO, Stichting Kifaia, el Comité de Palestina de los Países Bajos y Stichting Palestina.
Obligaciones legales y morales:
El abogado Wout Albers, quien representa a las ONGs, explicó que los Países Bajos no solo tienen una obligación legal, sino también una obligación moral de dejar de apoyar a Israel.
Según la denuncia, los Países Bajos estarían incumpliendo la Convención sobre el Genocidio de 1948, que requiere a los países prevenir y castigar el genocidio.
La demanda enfatiza que el gobierno holandés, al seguir comerciando con Israel y enviando armas, estaría facilitando la violación de derechos humanos en los territorios ocupados.
Precedentes legales:
La demanda también menciona que, a principios de este año, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ordenó a Israel prevenir actos genocidas en Gaza y permitir la entrada de ayuda humanitaria en el enclave bloqueado.
Además, el Tribunal Supremo de los Países Bajos celebró audiencias en septiembre sobre si el país debería detener la exportación de partes de aviones de combate a Israel.
Exigencias de las ONGs:
Las ONGs buscan que los Países Bajos:
- Detengan la exportación de armas a Israel.
- Suspendan el comercio con los territorios ocupados.
- Cumplan con sus obligaciones bajo la Convención sobre el Genocidio.
Estas organizaciones argumentan que la continua colaboración comercial y el apoyo militar a Israel son incompatibles con los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos.