Más de 200 trabajadores inmigrantes en La Haya podrían quedarse sin hogar tras la orden de desalojo del ayuntamiento para cerrar el complejo de viviendas temporales.
Gestionado por la agencia de empleo Jobcenter Haaglanden en De Uithof.
La agencia afirma que no puede ofrecer alojamiento alternativo a la mayoría de los 320 residentes. Ha solicitado al ayuntamiento que se haga cargo de su realojamiento.
Sin embargo, el concejal responsable, Martijn Balster, asegura que la agencia tuvo tiempo suficiente para encontrar soluciones alternativas.
Orden de desalojo y conflicto entre el municipio y la agencia de empleo:
La orden de desalojo se originó hace dos años, cuando el municipio informó a Jobcenter Haaglanden de que no podía seguir alojando a trabajadores inmigrantes en el antiguo complejo de tenis.
A pesar de que la ciudad volvió a advertir a la agencia hace dos semanas, esta afirma que, aunque ha organizado viviendas para 60 trabajadores, no ha logrado alternativas para los otros 260.
Por su parte, el concejal Balster considera que la agencia es responsable de la situación actual.
Afirmando que Jobcenter Haaglanden se ha beneficiado de la mano de obra barata de sus trabajadores. Sin ofrecer compensación por la vivienda ni garantizar un alojamiento adecuado.
“Es muy irresponsable que ahora traslade la carga a sus empleados», declaró.
La falta de alternativas de vivienda y la respuesta de Jobcenter Haaglanden:
Jobcenter Haaglanden insiste en que ha agotado todos los recursos posibles.
Según Mümin Gezici, director de la agencia, han estado “trabajando día y noche” para encontrar soluciones. Aunque los esfuerzos por alquilar o comprar viviendas adicionales se han visto obstaculizados.
Gezici asegura que no desea una confrontación con el municipio, pero que la agencia no puede realojar a todos sin apoyo adicional.
Preocupación creciente por la explotación de trabajadores inmigrantes:
Este caso pone de relieve la situación de vulnerabilidad de muchos trabajadores inmigrantes en los Países Bajos, quienes a menudo dependen de sus empleadores para obtener alojamiento.
A finales del año pasado, se estimaba que al menos 6.000 trabajadores migrantes estaban sin hogar en el país.
Aunque el gobierno está trabajando en una ley para regular las agencias de empleo explotadoras, la implementación de esta normativa se ha pospuesto hasta, como mínimo, 2026.