Desde el 1 de enero, los refugiados ucranianos que residen en albergues municipales en los Países Bajos deben contribuir económicamente al alojamiento, siempre que cuenten con ingresos.
La medida implica un pago mensual de aproximadamente 100 euros para cubrir servicios públicos como gas, agua y electricidad.
En los casos donde se proporcionan comidas, la contribución puede ascender a 242 euros mensuales. Sin embargo, quienes tienen ingresos bajos podrían estar exentos.
De los 90.000 refugiados ucranianos en el país, más de la mitad están empleados, lo que significa que una buena parte deberá cumplir con esta nueva obligación.
Reacciones mixtas de los refugiados
Mientras algunos refugiados consideran que la medida es justa, otros expresan preocupación por su impacto en personas con dificultades económicas.
Una mujer de Mariúpol, quien ha vivido en un albergue municipal con su familia durante 18 meses, comentó:
«Es justo contribuir porque usamos recursos, pero temo que no todos puedan pagar estas cantidades.»
Pobreza entre los refugiados: un problema persistente
Un estudio de Hogeschool Inholland reveló que muchos refugiados enfrentan serias dificultades financieras. Según la encuesta:
- El 20 % vive por debajo del umbral de bienestar holandés.
- Un tercio gasta más de lo que gana.
- Las familias monoparentales son las más afectadas.
El investigador Martin Blaakman señaló que esta situación afecta la integración:
«Cuando las familias apenas sobreviven económicamente, se dificulta su participación en la sociedad.»
Comparativa con la población holandesa
El 32 % de los hogares ucranianos en refugios municipales no llegan a fin de mes, una cifra notablemente más alta que el 17 % de los hogares holandeses, según datos del WODC y CBS.
Flexibilidad municipal: casos individuales bajo revisión
En ciudades como Vlaardingen, las autoridades planean aplicar las directrices nacionales, pero aseguran que se evaluarán casos individuales para garantizar que nadie sea obligado a pagar más de lo que puede permitirse.