La ministra de Vivienda, Mona Keijzer (BBB), está lista para presentar un proyecto de ley que prohibirá a los municipios otorgar prioridad a los refugiados en el acceso a una vivienda social, según fuentes citadas.
Keijzer sostiene que la medida busca garantizar igualdad de oportunidades para todos los solicitantes. Sin embargo, esta decisión podría agravar la crisis en los centros de asilo del país, que ya operan con una ocupación excesiva.
La actual prioridad para refugiados
Hasta ahora, los municipios podían adelantar a los refugiados en las listas de espera para aliviar la presión sobre la Agencia Central para la Recepción de Solicitantes de Asilo (COA).
La falta de viviendas ha generado un colapso en estos centros, ya que muchas personas con estatus de residencia aprobado no tienen a dónde ir. Esto impide que las camas ocupadas por ellos se liberen para nuevos solicitantes de asilo.
Listas de espera cada vez más largas
Los tiempos de espera para acceder a una vivienda social en los Países Bajos son extremadamente largos. Un estudio de 2023 reveló que el periodo medio de espera es de siete años, y en las ciudades puede ser aún mayor.
La coalición gobernante (PVV, VVD, NSC y BBB) considera que la prioridad para refugiados contribuye a este problema, razón por la cual el proyecto de Keijzer busca eliminarla.
Consecuencias del cambio de ley
A pesar de la nueva normativa, los municipios seguirán siendo responsables de alojar a los refugiados. Sin embargo, Keijzer también trabaja en otra propuesta para suprimir esta obligación.
En cualquier caso, los refugiados podrán seguir solicitando vivienda social, pero deberán esperar su turno junto con el resto de solicitantes.
Preocupación de los municipios y expertos
La Asociación de Municipios Neerlandeses (VNG) ha expresado su inquietud, advirtiendo que eliminar la prioridad podría provocar un colapso en el sistema de asilo.
“Sin una salida rápida hacia viviendas definitivas, el flujo se estancará y el sistema podría colapsar”, alertó la VNG en una carta al gobierno.
Aedes, la federación de corporaciones de vivienda, también criticó la medida. En un comunicado al parlamento, advirtió que sin acceso rápido a la vivienda, la integración de los refugiados se verá afectada, dificultando su capacidad de contribuir a la sociedad.
Tensiones entre ministerios
Mientras Keijzer avanza con esta reforma, la ministra de Asilo, Marjolein Faber, intenta persuadir a los municipios para que acepten más refugiados.
Faber anunció un incentivo de 30.000 euros por cada refugiado reubicado desde un centro del COA a una vivienda.
También propuso crear “lugares de transición”, donde los refugiados puedan instalarse temporalmente mientras esperan una vivienda permanente. Ofreciendo un pago de 60 euros diarios por persona a los municipios que implementen esta medida.