El Consejo ha pedido a la ministra de Asilo de los Países Bajos, Marjolein Faber, que posponga sus proyectos de leyes sobre medidas de emergencia en asilo y el sistema de doble estatus hasta que se implementen las normativas del Pacto Europeo sobre Migración.
Recomendación del Consejo de la Judicatura
Según el Consejo, añadir leyes nacionales al proceso actual, además de las futuras medidas europeas, generará una sobrecarga para el sistema judicial y otras organizaciones de la cadena migratoria.
Estas preocupaciones ya habían sido planteadas en un dictamen emitido a finales del año pasado. Aunque en ese momento no hubo oportunidad de consultar a expertos judiciales debido a la falta de tiempo.
Ahora, tras realizar consultas más detalladas, el Consejo insiste en que primero se evalúen y apliquen las medidas europeas, que entrarán en vigor en 2026, antes de añadir nuevas regulaciones nacionales.
El sistema de doble estatus y medidas de emergencia
El sistema propuesto por Faber distingue entre personas perseguidas por sus opiniones políticas, religión u orientación sexual, quienes recibirían más derechos. Y quienes huyen de conflictos o violencia, quienes tendrían menos beneficios.
Además, la Ley de Medidas de Emergencia en Materia de Asilo propone eliminar los permisos de residencia permanente y reducir la duración de los permisos temporales.
Impacto en la carga de trabajo y costos
El Consejo advirtió que estas leyes de asilo, sumadas al pacto europeo, sobrecargarían a la justicia y aumentarían los costos operativos en los Países Bajos.
Se estima que el sistema de doble estatus costará 46,8 millones de euros adicionales al año y las medidas de emergencia, otros 5,8 millones. El primer año de implementación podría tener costos aún mayores.
Respuesta del IND y posición de Faber
El Servicio de Inmigración y Naturalización (IND) también ha expresado que los cambios simultáneos en las normativas europeas y nacionales podrían ser más eficientes.
Según un portavoz, esto evitaría confusiones y la coexistencia de múltiples reglas para los mismos casos.
Por su parte, la ministra Faber reconoció las preocupaciones, pero afirmó que la necesidad de actuar es demasiado grande como para esperar.
Aún no ha indicado si ajustará los proyectos de ley según las recomendaciones del Consejo.