El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que los Países Bajos pueden retirar la protección temporal concedida a algunos nacionales de terceros países desplazados por la guerra en Ucrania. Siempre que no tengan residencia permanente en Ucrania.
Esta decisión afecta a personas como estudiantes y trabajadores extranjeros que residían temporalmente en Ucrania cuando comenzó la guerra en 2022.
Cambios en la política de asilo holandesa:
En marzo, el anterior Gabinete holandés decidió limitar la protección a ciudadanos ucranianos, sus familiares, y a nacionales de terceros países con residencia permanente en Ucrania.
Esto excluye a aquellos con permisos temporales, quienes ahora enfrentan la pérdida de permisos de trabajo, acceso al sistema educativo y viviendas sociales.
El Tribunal subrayó que, según la legislación de la UE, los Estados miembros están obligados a garantizar protección a:
- Ciudadanos ucranianos y sus familiares.
- Nacionales de terceros países y apátridas con residencia permanente en Ucrania, incapaces de regresar a sus países de origen.
- Personas que tienen derecho a asilo por otras razones.
Sin embargo, la protección opcional para otros grupos es una decisión de cada Estado miembro. Que puede retirarse antes del período obligatorio definido por la UE.
Repercusiones legales:
La política holandesa generó una serie de demandas en tribunales locales para detener el cambio.
Estas resoluciones contradictorias llevaron al Consejo de Estado y al Tribunal de Distrito de Ámsterdam a remitir el caso al El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Que confirmó la validez de la política holandesa.
Opcionalidad y temporalidad:
El TJUE destacó que la protección temporal para nacionales de terceros países no está garantizada y queda a discreción de cada gobierno.
Según la sentencia, “los Estados miembros pueden decidir la duración de esta protección opcional, siempre que no exceda los límites establecidos por la UE”.
Consecuencias para los afectados:
Los desplazados que pierdan la protección temporal en los Países Bajos estarán sujetos a procedimientos de retorno o deberán buscar formas alternativas de regularizar su situación.
La sentencia confirma que los Países Bajos actuaron dentro del marco legal de la UE al restringir su política de asilo a una categoría más limitada.