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La Haya obligará a niños educados en casa a volver a la escuela
El municipio revoca exenciones tras una sentencia del Tribunal Supremo
Un total de 102 niños de La Haya que hasta ahora estaban exentos de la escolarización obligatoria por motivos ideológicos o religiosos deberán regresar a las aulas después de las vacaciones de verano.
La decisión fue anunciada por el concejal de Educación, Hilbert Bredemeijer, y convierte a La Haya en el primer municipio neerlandés en aplicar una reciente sentencia del Tribunal Supremo que limita considerablemente este tipo de exenciones.
El caso podría marcar un cambio importante en la política educativa neerlandesa, especialmente en un momento en el que el Gobierno estudia eliminar por completo este sistema de excepciones.
El número de exenciones se había cuadruplicado
Los 102 menores afectados estaban amparados por el artículo 5(b) de la ley de escolarización obligatoria, una disposición que permite a los padres solicitar una exención cuando tienen objeciones ideológicas o religiosas a la oferta educativa disponible.
Según el municipio, el número de niños que utilizan esta exención en La Haya se ha multiplicado por cuatro en apenas cinco años, según reporta NU.
Sin embargo, las autoridades reconocen que no existe un control oficial sobre la educación que reciben estos menores en casa.
El Tribunal Supremo endurece las condiciones
La reciente sentencia del Tribunal Supremo establece que los padres solo pueden solicitar una exención cuando no exista una escuela pública razonablemente accesible.
El fallo fija como referencia una distancia máxima de seis kilómetros para la educación primaria y de veinte kilómetros para la educación secundaria.
Según el Ayuntamiento de La Haya, ningún menor del municipio cumple actualmente esas condiciones, ya que la ciudad dispone de una amplia oferta educativa.
Persisten dudas legales sobre la aplicación
A pesar de la sentencia, todavía existe incertidumbre sobre cómo deben actuar los municipios con las exenciones que ya estaban concedidas.
La falta de claridad ha provocado debates entre ayuntamientos, la inspección educativa, la Fiscalía y organizaciones del sector educativo.
No obstante, la presidenta de Ingrado, Corien van Starkenburg, considera que los municipios no tienen por qué esperar nuevas instrucciones del Gobierno antes de actuar.
La Haya ha decidido interpretar el fallo de forma estricta y exigir el regreso a las aulas de todos los menores afectados.
Los padres podrían enfrentarse a medidas judiciales
El municipio advirtió que tomará medidas si los padres se niegan a matricular a sus hijos en un centro educativo.
Estas actuaciones podrían incluir la remisión de los casos a la Fiscalía para un posible proceso judicial.
La situación es especialmente relevante porque el año pasado la Fiscalía dejó de perseguir este tipo de casos al considerar que los municipios aplicaban las normas de forma desigual.
Sin embargo, el Tribunal Supremo ha señalado ahora que la Fiscalía debería volver a intervenir cuando se incumpla la legislación vigente.
El Gobierno estudia eliminar las exenciones
El debate sobre la educación en casa también ha llegado a la política nacional.
La secretaria de Estado de Educación, Judith Tielen, manifestó recientemente en el programa de investigación BOOS que quiere reunir una mayoría parlamentaria para eliminar completamente el artículo 5(b).
Según Tielen, si la exención no puede ser eliminada, al menos debería existir una supervisión más estricta para garantizar que los menores reciben una educación adecuada.
Un debate entre libertad educativa y control estatal
La decisión de La Haya reabre el debate sobre el equilibrio entre la libertad de educación, un principio históricamente protegido en Países Bajos, y la responsabilidad del Estado de garantizar que todos los niños reciban una formación adecuada y participen en un entorno social educativo.
Con otras ciudades observando de cerca lo que ocurre en La Haya, la medida podría convertirse en el inicio de un cambio nacional en la forma en que se regula la educación en casa.
