Gran desafío para Holanda: Acomodar a 96,000 solicitantes de asilo en sus provincias

El secretario de Estado interino, Eric van der Burg, ha anunciado que las provincias y municipios de los Países Bajos deben organizar un total de 96,000 plazas de acogida para solicitantes de asilo este año. La distribución de estas plazas, publicada en el Staatscourant, presenta retos significativos, especialmente para las provincias de Zuid-Holland, Noord-Holland and Noord-Brabant.

Distribución por Provincias y Ciudades:
Zuid-Holland enfrenta la tarea de crear alojamiento para casi 20,000 plazas, mientras que Noord-Holland and Noord-Brabant necesitan más de 16,000 y cerca de 15,000 plazas, respectivamente. Ámsterdam lidera la lista de ciudades con la necesidad de proporcionar 4,479 plazas, seguida por Róterdam, La Haya y Utrecht.

Foco en los Menores No Acompañados:
De las 96,000 plazas requeridas, al menos 8,140 deben ser adecuadas para niños que llegan a los Países Bajos sin un padre o tutor legal. Esto subraya la importancia de garantizar una atención especial para los menores en el proceso de asilo.

Implementación de la Nueva Ley:
Las cifras, determinadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad, son los primeros pasos hacia la implementación de una nueva ley sobre la distribución equitativa de solicitantes de asilo. Las provincias tienen hasta el 1 de noviembre para coordinar con sus municipios y presentar sus planes al Ministerio.

Controversia y Medidas Coercitivas:
La ley autoriza al gobierno nacional a obligar a las provincias a acoger a más solicitantes de asilo si no cumplen con las cuotas necesarias. En caso de que los municipios no organicen el número requerido de alojamientos, el Ministerio de Justicia y Seguridad puede intervenir, una medida que ha generado controversia política.

Bonificación Financiera y Evaluación:
Los municipios que habiliten más plazas de alojamiento pueden recibir una bonificación financiera de entre 1,000 y 2,000 euros por plaza. El secretario de Estado evaluará los planes provinciales antes del 1 de enero, y los municipios tendrán seis meses para organizar las plazas.