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El Parlamento exige órdenes de alejamiento de hasta un año
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El Parlamento de los Países Bajos quiere endurecer las medidas contra la violencia doméstica, ampliando la duración de las órdenes de alejamiento y facilitando su aplicación en casos de amenazas persistentes.
La propuesta cuenta con el respaldo de una amplia mayoría parlamentaria.
De cuatro semanas a un año: cambios en curso
Actualmente, alcaldes y fiscales pueden imponer una orden de alejamiento por hasta cuatro semanas cuando existe una situación grave o amenazante. Sin embargo, varios partidos consideran que este plazo es insuficiente.
“Después de esas semanas, el agresor regresa y todo puede volver a empezar”, explicó Songül Mutluer, diputada de GroenLinks-PvdA y promotora de la moción.
La propuesta busca extender el plazo hasta un año, permitiendo así una intervención más efectiva de los servicios de apoyo familiar.
Proteger a la víctima, no al agresor
Una de las críticas más contundentes del debate fue que son las víctimas quienes deben huir, mientras que los agresores muchas veces permanecen en el hogar familiar.
“¿Por qué permitimos que alguien se quede en casa después de golpear a su pareja?”, cuestionó Hanneke van der Werf (D66).
La moción también plantea que los autores de violencia sean obligados a recibir ayuda profesional.
También que las órdenes de alejamiento puedan aplicarse también en casos de amenazas prolongadas, no solo en momentos de crisis inmediata.
Frente común contra el feminicidio
Además de Mutluer, la propuesta cuenta con el apoyo de Bente Becker (VVD), Van der Werf (D66) e Ingrid Coenradie (JA21). Las cuatro parlamentarias han acordado colaborar activamente en nuevas medidas para combatir el feminicidio.
Este frente político transversal refleja una preocupación creciente sobre la seguridad de las mujeres en el hogar, uno de los lugares donde, paradójicamente, deberían sentirse más seguras.
Próximos pasos
La votación parlamentaria sobre esta moción está prevista para la próxima semana.
Si se aprueba, el Ministerio de Justicia y Seguridad deberá traducirla en una legislación más robusta y ejecutable.
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