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PostNL demanda al gobierno neerlandés para evitar pérdidas millonarias
La empresa pide 68 millones de euros tras el rechazo de una ayuda estatal clave
PostNL, el operador postal de los Países Bajos, ha llevado al gobierno a los tribunales tras no recibir la subvención que solicitó para continuar operando sin pérdidas.
La empresa, obligada por ley a mantener la entrega puntual de cartas y su viabilidad económica, reclama 68 millones de euros para este año y el próximo.
La solicitud inicial fue presentada en febrero de 2025, pero el gobierno la rechazó rápidamente. La situación ha escalado a una demanda oficial, según confirmó el CEO de PostNL, Pim Berendsen, al presentar los resultados trimestrales de la compañía este lunes.
¿Por qué PostNL exige esta ayuda?
El reparto postal enfrenta dos grandes desafíos:
- 📉 Menos cartas cada año, pero con rutas y horarios iguales
- 📈 Costes laborales en aumento, sumado al mantenimiento de la red de reparto
Esto ha hecho que el negocio del correo ya no sea rentable, aunque PostNL siga obligada por ley a cumplir con los plazos y cobertura. La empresa afirma que sin ayuda estatal, seguirá acumulando pérdidas hasta al menos 2029.
⚖️ PostNL se ampara en legislación europea
Según Berendsen, las leyes de la UE permiten que empresas que prestan servicios públicos esenciales (como el correo nacional) reciban compensación financiera si el cumplimiento de sus obligaciones se vuelve demasiado costoso.
¿Qué hizo el gobierno?
El ministro interino de Asuntos Económicos, Vincient Karremenas, propuso permitir a PostNL retrasar la entrega de cartas un día más, con el fin de reducir costes operativos.
Sin embargo, PostNL considera que esto no resuelve la raíz del problema: el servicio sigue siendo caro y poco viable sin apoyo financiero directo.
¿Y qué pasa ahora?
Con la demanda ya en curso, la compañía espera una resolución judicial rápida que obligue al Estado neerlandés a asumir su parte del coste.
El caso también abre el debate sobre el futuro del correo tradicional en una era digital y cómo los gobiernos deben responder ante modelos de negocio en decadencia pero socialmente importantes.