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Los refugiados podrán trabajar tras tres meses en Países Bajos
El Gobierno neerlandés permitirá que los refugiados con altas probabilidades de obtener un permiso de residencia puedan empezar a trabajar tras solo tres meses en el país, reduciendo a la mitad el plazo actual de seis meses.
El ministro de Asuntos Sociales, Hans Vijlbrief, defendió la medida como clave para la integración:
Más integración y respuesta al mercado laboral
El gobierno considera que facilitar el acceso al empleo beneficia tanto a los refugiados como a la economía.
👉 Según el ministro:
- Favorece la integración social
- Reduce la dependencia de ayudas
- Responde a la escasez de mano de obra
En 2024, los empleadores solicitaron más de 30.000 permisos de trabajo para solicitantes de asilo, lo que refleja una alta demanda.
⚖️ Cambios tras decisiones judiciales
Hasta finales de 2023, los solicitantes de asilo solo podían trabajar un máximo de 24 semanas al año.
Sin embargo, el Consejo de Estado dictaminó que quienes esperen más de seis meses pueden trabajar todo el año, siempre que tengan un número BSN y un permiso de trabajo gestionado por el empleador.
La nueva medida va un paso más allá al permitir trabajar antes.
🚫 Quiénes quedan fuera
No todos los solicitantes podrán beneficiarse:
- Personas consideradas no aptas para trabajar
- Solicitantes procedentes de países considerados seguros
Giro en la política de vivienda
El Gobierno también ha decidido retirar un proyecto de ley anterior que buscaba limitar la prioridad de los refugiados con permiso de residencia en el acceso a vivienda social.
La ministra de Vivienda, Elanor Boekholt-O’Sullivan, anunció que trabaja en un nuevo plan para alojar a quienes ya tienen permiso de residencia.
Un problema persistente de vivienda
Actualmente, unas 18.000 personas siguen en centros de acogida pese a tener derecho a vivienda.
En teoría: Deberían recibir una vivienda en un plazo de 10 semanas
En la práctica: La escasez de viviendas impide cumplir ese plazo
El anterior proyecto de ley había sido criticado por autoridades locales y por el Consejo de Estado, que lo consideró potencialmente discriminatorio.
