El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que el gobierno de Países Bajos no puede imponer multas económicas a los refugiados con permiso de residencia si no aprueban el examen nacional de integración, salvo en casos excepcionales.
Un fallo clave en favor de los refugiados
El caso llegó al Tribunal Supremo Europeo tras la denuncia de un refugiado eritreo contra el gobierno neerlandés. Según la sentencia, solo se podrá multar a quienes muestren una falta persistente de esfuerzo para integrarse.
En este caso, el demandante no aprobó todas las partes del examen de integración en cuatro años.
Se ausentó en una de las pruebas y falló en varias otras. Como resultado, el gobierno le ordenó devolver 10.000 euros de financiación pública y le impuso una multa de 500 euros.
El criterio de la vulnerabilidad de los refugiados
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostiene que los refugiados pueden ser obligados a realizar el examen de integración, pero que deben considerarse su vulnerabilidad y circunstancias personales antes de aplicar sanciones.
En 2022, la legislación de integración en Países Bajos cambió:
- Los refugiados ya no tienen que pagar los cursos y exámenes, eliminando la necesidad de pedir préstamos.
- Sin embargo, aún pueden recibir multas en ciertas situaciones.
Los refugiados que comenzaron su proceso de integración antes de 2022 siguen sujetos a la ley anterior, lo que significa que pueden haber sido multados o forzados a devolver préstamos. La sentencia del TJUE podría beneficiar a este grupo.
El impacto de la decisión en la política neerlandesa
El Consejo de Estado de Países Bajos analizará ahora la sentencia y emitirá su propio fallo sobre cómo afectará a la legislación neerlandesa.
«Las respuestas del Tribunal de Justicia también son importantes para la nueva ley», declaró el Consejo.