EE. UU. lanza un plan para desmantelar la CPI en La Haya

La administración de Trump ha lanzado un plan formal para desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, escalando el conflicto que Washington mantiene con el tribunal desde las sanciones individuales a sus funcionarios hasta un esfuerzo por cerrar por completo la institución.

El secretario de Estado Marco Rubio anunció la campaña el lunes en un artículo de opinión publicado en el Wall Street Journal, en un mensaje en vídeo y en un comunicado oficial del Departamento de Estado.

En ese comunicado, Rubio escribió que Washington desmantelaría la CPI "ladrillo a ladrillo, si fuera necesario".

Un esfuerzo coordinado de todo el gobierno

El Departamento de Estado describió el plan como un esfuerzo coordinado a escala gubernamental para "desactivar sistemáticamente" el tribunal. Esto implica presionar a otros países para que rechacen la autoridad de la Corte o se retiren de ella. Entre las medidas que se están considerando figuran prohibiciones de entrada, revocación de visados y nuevas sanciones.

Rubio argumentó que la CPI amenaza la soberanía de EE. UU. al atribuirse el poder de procesar a soldados y funcionarios estadounidenses. EE. UU. nunca se ha adherido a la CPI y no reconoce su jurisdicción.

Las principales quejas de Washington se centran en dos puntos: la investigación abierta sobre las fuerzas estadounidenses en Afganistán y las órdenes de arresto emitidas por el tribunal en 2024 contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant en relación con la guerra en Gaza.

Los expertos legales refutan los argumentos de Washington

Los expertos en derecho internacional discrepan de la caracterización que hace Washington de las competencias de la Corte. Según informa The Guardian, el exdirector de Human Rights Watch Kenneth Roth señaló que "la CPI no está reclamando jurisdicción sobre conductas en Estados Unidos", y recordó que el tribunal solo puede investigar crímenes cometidos por sus estados miembro.

La investigación sobre Afganistán, abierta en 2020, se ha centrado desde 2021 principalmente en el Talibán y en el antiguo gobierno afgano, y no en tropas estadounidenses.

El papel especial de los Países Bajos

Los Países Bajos son uno de los 125 países miembro de la CPI y tienen una responsabilidad especial como país anfitrión: deben garantizar el funcionamiento de la institución.
Toda persona detenida por la CPI acaba en suelo neerlandés, y las celdas de la prisión de Scheveningen (La Haya) son responsabilidad de los Países Bajos, junto con la seguridad y el apoyo diario al tribunal.

El gobierno neerlandés ya había calificado anteriormente las sanciones estadounidenses contra la Corte como una "señal preocupante", aunque en la práctica ha tomado pocas medidas al respecto. La coalición liderada por D66 se comprometió en su acuerdo de coalición a promover activamente el orden jurídico internacional, al mismo tiempo que busca mantener intactas las relaciones con Washington.

Tres jueces demandan a la administración Trump

En junio, tres jueces de la CPI presentaron una demanda contra la administración Trump ante un tribunal de Nueva York por las sanciones anteriores, a las que calificaron de ilegales.

La tensión en torno a la sede del tribunal llega en un momento delicado para La Haya, ciudad que se presenta internacionalmente como la "Ciudad de la Paz y la Justicia" y que alberga, además de la CPI, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y otras organizaciones internacionales.