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8.000 padres podrían haber sido compensados por error en subsidio infantil
Miles de personas podrían haber recibido compensaciones económicas por el escándalo de las prestaciones de subsidio infantil en Países Bajos sin tener derecho a ellas, debido a un error administrativo no detectado durante años.
Así lo revela el diario NRC tras acceder a documentos internos de la Organización de Implementación de Recuperación de Prestaciones (UHT).
La clave: una carta que sí se envió, pero no se registró
El caso gira en torno a la "carta recordatoria", una notificación que la Autoridad Tributaria debía enviar después de una solicitud de información adicional ("carta de solicitud") antes de suspender una prestación. Si los padres no respondían a ambas cartas, el subsidio por cuidado infantil podía suspenderse legalmente.
Sin embargo, miles de solicitantes afirmaron no haber recibido esa segunda carta, y en muchos casos la UHT no pudo verificar si fue enviada. Como resultado, esos padres fueron reconocidos automáticamente como víctimas del escándalo, lo que les dio derecho a:
- Una compensación mínima de 30.000 euros
- Condonación de deudas
- Indemnización de hasta 10.000 euros por hijo
Un hallazgo tardío en los archivos de la Autoridad Tributaria
La situación dio un giro en octubre de 2023, cuando una investigación interna de la UHT descubrió archivos hasta entonces desconocidos que sí contenían registros de las cartas enviadas, incluyendo fechas y direcciones.
En febrero de este año, Anne Coenen, directora de la UHT, reconoció en una reunión interna que estos datos cambian la interpretación de muchas decisiones anteriores:
“Esto arroja una luz ligeramente diferente sobre lo que hemos hecho hasta ahora.”
Según Coenen, muchos padres etiquetados como víctimas sí recibieron las dos cartas requeridas, pero no respondieron, lo que, en condiciones normales, no justificaría una compensación.
El impacto: hasta 8.000 indemnizaciones bajo sospecha
Empleados de la UHT informaron al NRC que en aproximadamente el 20 % de los expedientes evaluados (unos 8.000 de los 41.000 casos reconocidos) la única razón para considerar al solicitante como víctima era la falta de prueba de haber recibido la carta recordatoria.
El error, por tanto, podría haber costado cientos de millones de euros en compensaciones erróneas, aunque aún no existe una cifra oficial ni un registro completo de los expedientes afectados.
El gobierno fue informado, pero no lo hizo público
La Secretaría de Estado de Beneficios, dirigida por Sandra Palmen (NSC), fue informada en octubre de 2023, pero los hallazgos no se hicieron públicos ni se comunicaron oficialmente hasta ahora.
Un portavoz de Palmen declaró al NRC que los datos todavía están siendo verificados para evaluar su fiabilidad y utilidad. Por su parte, el Ministerio de Finanzas aseguró que no puede calcular con exactitud cuántas personas recibieron compensaciones indebidas, ya que no existe un sistema para identificar a las víctimas exclusivamente por esa razón.
