Crisis por escasez de abogados sociales en Países Bajos

La grave escasez de abogados sociales en los Países Bajos está dejando a miles de personas sin apoyo legal, especialmente en zonas rurales como Drenthe, Achterhoek y Frisia. Según reveló una investigación de Platform Investico y De Groene Amsterdammer.

Entre 2019 y 2023, el número de estos abogados se redujo más de la mitad a nivel nacional, y en algunas regiones la caída ha sido aún más drástica.

En Drenthe, por ejemplo, solo quedan 7 abogados sociales activos, y en Achterhoek, apenas 4. Lo que equivale a 1 abogado por cada 25.000 personas con derecho a asistencia legal subvencionada. En cambio, en Ámsterdam, esa proporción es de 1 por cada 4.000 personas.

¿Quiénes tienen derecho a esta asistencia?

La asistencia jurídica subvencionada no está dirigida únicamente a las personas con rentas más bajas. Más de un tercio de la población neerlandesa cumple los requisitos según su nivel de ingresos. Sin embargo, la falta de profesionales está colapsando el sistema.

Una encuesta en Países Bajos a más de 70 abogados sociales reveló que la mayoría rechaza casos con frecuencia por falta de capacidad, sobre todo cuando se trata de asuntos complejos.

Menos oficinas, menos horarios y menos orientación

El deterioro del sistema no se limita a la disponibilidad de abogados. Según el estudio:

• De más de 900 oficinas y centros de asesoría legal, solo 50 permiten visitas sin cita más de un día a la semana.
• Solo la mitad de los municipios emplea a asesores sociales, quienes pueden acompañar a los ciudadanos durante procesos legales prolongados.
• En Frisia, solo 2 de 18 municipios ofrecen este tipo de apoyo, dejando a más de medio millón de personas sin acceso.

Recortes presupuestarios y remuneración insuficiente

La escasez es el resultado de años de recortes presupuestarios. Solo en la actual legislatura, el presupuesto para asistencia jurídica se redujo en un 12 %.

A principios de este mes, un comité dirigido por el juez Herman van der Meer concluyó que la remuneración para los abogados de asistencia pública es demasiado baja y propuso un aumento anual de 40 millones de euros.

El secretario de Estado de Protección Jurídica, Teun Struycken, aún no se ha comprometido con esa recomendación, pero reconoció que es urgente garantizar una “red nacional de asistencia jurídica”. Anunció que nombrará a un coordinador para identificar las zonas más afectadas y proponer medidas.

Struycken también pidió una mayor colaboración entre abogados sociales y mercantiles, argumentando que la crisis actual requiere una respuesta colectiva del sector jurídico.