Funcionario de Ámsterdam vinculado a 95 ataques violentos tras filtrar datos

Acusaciones graves y presunto uso indebido de datos municipales para facilitar ataques

La Fiscalía (OM) relacionó a un funcionario de Ámsterdam con al menos 95 incidentes violentos en todo el país durante una audiencia preliminar.

El principal sospechoso, identificado como Jim B. (57 años), trabajaba en el departamento de cobros del municipio y, según el Ministerio Público, proporcionó datos personales confidenciales que facilitaron una ola de ataques en ciudades como Apeldoorn, Ámsterdam, Róterdam, Leiden, Valkenburg y Purmerend.

Entre los hechos señalados por la fiscalía figuran 36 explosiones, 14 cartas amenazantes o con balas, ocho tiroteos en domicilios, dos intentos de asesinato u homicidio involuntario y un secuestro.

La OM sostiene que la información suministrada por Jim B. fue transmitida a dos presuntos intermediarios, Rishi K. (41) y Gillian H. (34), quienes a su vez la facilitaron a los ejecutores de los ataques.

Vínculos temporales y modus operandi

La fiscalía subraya la correlación temporal entre el suministro de datos y los ataques: en 14 casos el incidente se produjo el mismo día en que se habría enviado la información, lo que, según la OM, descarta la mera coincidencia.

También se apunta a pagos en efectivo y transferencias bancarias que, según los investigadores, demuestran una relación económica entre los implicados.

Jim B. residía en Almere y fue detenido en mayo. Por su puesto laboral tenía acceso a registros de domicilios, matriculaciones de vehículos y otros datos personales.

La OM señala que, desde agosto de 2023, el sospechoso consultaba con frecuencia las bases de datos municipales hasta 400 veces al mes, incluso fuera de horario laboral y que usaba Privnote, una aplicación de mensajes cifrados, para comunicarse con uno de los intermediarios.

Alegatos de la defensa y medidas provisionales

La defensa del acusado afirmó que Jim B. “cometió errores bajo la presión de un grupo”, pero la fiscalía indicó que no existen pruebas que respalden esa versión.

La investigación habría detectado cobros en efectivo y movimientos financieros que contradicen la hipótesis de coacción.

El tribunal ha ordenado prisión preventiva para los tres sospechosos; la próxima audiencia preliminar queda fijada para el 14 de enero.