2 min
El combustible sube en 2026: los ingresos irán al transporte público

📆 Cambios fiscales a partir del 1 de enero
A partir del 1 de enero de 2026, los conductores neerlandeses pagarán más por llenar el tanque. La Tweede Kamer (cámara baja del Parlamento) ha aprobado una subida de los impuestos al combustible con el objetivo de redirigir fondos al transporte público, evitando así recortes presupuestarios en el sector.
Los nuevos precios por litro serán:
- Gasolina: + 5,5 céntimos
- Diésel: + 3,6 céntimos
- GLP (gas licuado): + 1,3 céntimos
El cambio viene tras una propuesta del partido ChristenUnie, que planteó usar el dinero originalmente destinado a prolongar la bonificación del combustible para salvar líneas de autobús y tren.
Transporte público: el gran beneficiado
El diputado Pieter Grinwis (ChristenUnie) defendió el ajuste señalando que "no es una tragedia pagar unos céntimos más por litro", pero sí lo sería perder líneas de transporte esenciales, especialmente en zonas rurales.
“El transporte público ha sido descuidado durante años”, subrayó, agregando que esta medida ayudará también a frenar los aumentos de tarifas para los pasajeros.
¿De dónde viene el dinero?
Inicialmente, el gabinete interino había reservado 1.700 millones de euros para prorrogar la bonificación fiscal al combustible, introducida en 2022 como respuesta al alza de precios tras la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, tras la enmienda de la Tweede Kamer, solo se destinarán 1.300 millones a dicha prórroga.
Los 400 millones de euros restantes se destinarán a reforzar el sistema de transporte público.
🛫 También suben los impuestos a la aviación privada
En paralelo, el parlamento aprobó una moción de GroenLinks-PvdA y el Partij voor de Dieren para gravar los vuelos en aviones privados a partir de 2030. Las nuevas tasas serán:
- Aviones con menos de 20 plazas: hasta 2.100 € por pasajero
- Vuelos europeos privados: 420 € por pasajero
El diputado Stultiens (GroenLinks-PvdA) explicó que la medida busca reducir los vuelos privados y recaudar hasta 58 millones de euros anuales para el Estado.


