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Casi 12.000 inquilinos de vivienda social poseen más propiedades en Países Bajos
Un nuevo estudio de la Oficina Neerlandesa de Análisis de Política Económica (CPB) reveló que casi 12.000 personas que alquilan viviendas sociales también poseen una o más propiedades, y en algunos casos, más de diez.
Aunque representan apenas el 0,5 % de todos los inquilinos de vivienda social, el CPB advierte que este grupo plantea serias dudas sobre el uso eficiente y justo del limitado parque de vivienda social del país.
🏠 ¿Qué es una vivienda social?
Las viviendas sociales en Países Bajos son alquileres regulados ofrecidos por corporaciones de vivienda, destinadas a personas con ingresos bajos o que no pueden acceder a una vivienda en el mercado libre.
Estas corporaciones tienen el mandato legal de proporcionar vivienda asequible a quienes más lo necesitan.
El CPB califica el caso de estos inquilinos-propietarios como una “forma específica de alquiler sesgado”, ya que ocupan un recurso subsidiado mientras poseen otros inmuebles.
¿Por qué algunos sí pueden tener otra vivienda?
El CPB aclara que alrededor de uno de cada seis casos responde a situaciones especiales, como herencias parciales, o una vivienda compartida con una expareja, donde el inquilino no tiene control total ni acceso a la propiedad. En estos casos, no se considera un conflicto con los fines sociales de las corporaciones.
Pero el resto... sí genera conflicto
Para los 10.000 restantes, la situación es más problemática:
- Muchos alquilan sus propiedades a terceros.
- Otros las usan como segunda residencia o las destinan a alojar a familiares.
- Algunos simplemente no habitan esas viviendas, a pesar de tenerlas disponibles.
“En estos casos, ser propietario de una vivienda sí parece entrar en conflicto con el objetivo de las corporaciones de vivienda social”, afirmó el CPB. “El inquilino esencialmente tiene otro lugar donde vivir, pero no lo utiliza para este fin”.
¿Y los ingresos?
Más de la mitad de estos inquilinos también tienen ingresos superiores a los permitidos para acceder a una vivienda social. Además, suelen vivir en mejores ubicaciones y en viviendas más atractivas que el promedio de inquilinos sociales.
¿Qué se puede hacer?
El informe del CPB no plantea una solución directa, pero sí sugiere que las autoridades locales y las corporaciones de vivienda deben revisar estos casos para garantizar que la vivienda social llegue a quienes realmente la necesitan.
