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Ministerio de Asuntos Sociales debe borrar datos ilegales sobre musulmanes
La Autoridad Neerlandesa de Protección de Datos (Autoriteit Persoonsgegevens, AP) ha ordenado al Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo que elimine todos los datos y la información personal recopilada ilegalmente sobre musulmanes.
Los datos fueron obtenidos a través de investigaciones secretas, sin que las mezquitas o las personas afectadas fueran informadas.
Según la AP, estas acciones constituyen una violación grave de la privacidad y un acto discriminatorio. Ya que el ministerio no es un órgano de inteligencia ni de seguridad, sino una entidad administrativa.
12 investigaciones, 31 personas bajo el radar sin saberlo
Entre 2016 y 2019, el ministerio realizó 12 investigaciones en las que se investigó específicamente a 31 personas, con el supuesto fin de mapear el salafismo y la radicalización.
El 23 de septiembre de 2023, la AP inició su propia investigación y revisó más de 3.000 documentos, incluidos informes, transcripciones, correos electrónicos y notas internas. Según el informe final:
“Los informes contienen datos personales como nombre, formación académica, empleador, función, comportamiento, creencias religiosas e ideas. Además, se mencionan a cientos de personas adicionales con nombre y su relación con los investigados.”
Ciudadanos podrán solicitar acceso a sus datos por dos meses
La AP dio al ministerio un plazo de dos meses para destruir toda la información recopilada ilegalmente. Durante ese tiempo, los musulmanes afectadas podrán solicitar el acceso a sus datos.
El ministerio ya ha enviado cartas informando a los ciudadanos de su derecho a presentar una solicitud de acceso, y en 12 casos también ofreció disculpas formales firmadas por la exministra Karien van Gennip.
“No es el final de la historia”, afirma la AP
El presidente de la Autoridad de Protección de Datos, Aleid Wolfsen, fue tajante en su declaración:
“Se investigó la vida de personas inocentes sin su conocimiento. No lo hizo un servicio de inteligencia ni la policía, sino un ministerio. Eso fue incorrecto y discriminatorio.”
Aunque Wolfsen reconoció que el ministerio admitió su error, recalcó que el proceso aún no termina:
“El ministerio debe eliminar los datos en dos meses, pero aún es tiempo para que las personas vean qué se registró sobre ellas.”