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El ministerio apuesta por multas y trabajos comunitarios en lugar de cárcel
El Openbaar Ministerie (OM) ha lanzado una nueva directiva para aumentar el uso de multas y servicios comunitarios en lugar de penas de prisión en casos de delitos menores y medianos.
El objetivo: agilizar los procesos judiciales y aliviar la presión sobre el sistema judicial sobrecargado ⚖️.
Sin embargo, la propuesta ha generado críticas contundentes por parte de sindicatos policiales, partidos políticos y expertos en derecho, quienes advierten que este cambio podría socavar la justicia para las víctimas y desmoralizar a los agentes de policía.
¿Qué cambia con la nueva política?
El OM priorizará el uso de strafbeschikkingen, un mecanismo que permite a los fiscales imponer sanciones directamente, sin pasar por los tribunales. Esta medida ya se aplicaba, pero ahora se extenderá a delitos con penas máximas de hasta seis años, como el robo o las amenazas.
Esto significa que los fiscales podrán resolver más casos mediante sanciones como multas económicas o trabajos comunitarios, siempre que no se considere necesario enviar el caso a juicio.
Reacción policial: “Desmoraliza a los agentes”
El sindicato policial ACP ha reaccionado con preocupación. Su presidente, Ramon Meijerink, declaró que la medida “no se ajusta a nuestro sentido de la justicia” y advirtió que los agentes se sentirán frustrados al ver sus investigaciones reducidas a simples multas.
“Esto es injusto para las víctimas y desmotiva a los agentes que trabajan duro en estos casos”, afirmó Meijerink. En su opinión, el gobierno debería enfocarse en ampliar la capacidad del poder judicial, no en suavizar las penas.
“Una sanción rápida también es justicia”, dice el OM
Desde el OM, el fiscal general Rinus Otte defendió la directiva argumentando que el servicio comunitario no debe verse como una pena menor.
“Muchos infractores consideran el trabajo comunitario tan duro como unos días de cárcel”, explicó.
Según Otte, la nueva estrategia garantiza respuestas más rápidas, lo que beneficia tanto a las víctimas como a los sospechosos. Además, negó que el cambio tenga relación con el hacinamiento carcelario, asegurando que la medida busca eficiencia y efectividad.
Respaldo parcial del ministro, rechazo político creciente
El ministro de Justicia, Van Weel (VVD), apoyó el enfoque “si se aplica correctamente”. Señaló que actualmente hay muchos delitos que no reciben sanción alguna por falta de recursos, y esta medida garantizaría que ningún caso quede sin resolver.
No obstante, la medida ha despertado alarma entre varios partidos en la Tweede Kamer, especialmente en sectores conservadores y de derecha.
El PVV ha denunciado públicamente la directiva, mientras que Pieter Omtzigt (NSC) advirtió sobre la posibilidad de que delitos relativamente graves como la posesión de pornografía infantil o agresiones puedan evitar la cárcel si se interpreta mal la directiva.
“Esto no debería ocurrir en nuestro sistema legal”, dijo Omtzigt. También advirtió que la política podría chocar con leyes existentes que prohíben el servicio comunitario para ciertos delitos.
El poder judicial también levanta la voz
El Raad voor de Rechtspraak (Consejo de la Judicatura) ha mostrado “objeciones fundamentales” a la propuesta. Según el consejo, la nueva directiva podría suponer la eliminación de facto de penas de prisión cortas, de hasta seis meses.
Tanto víctimas como profesionales del derecho han expresado que, en delitos graves, el encarcelamiento sigue siendo la pena más justa y adecuada, y que sustituirla por servicios comunitarios podría dañar la credibilidad del sistema judicial.
