El ministro de Sanidad de los Países Bajos, Conny Helder, ha decidido no prohibir la entrada de inversores privados en el sector sanitario.
Según escribió el ministro saliente a la Tweede Kamer, la cámara baja del parlamento, tal prohibición podría poner en peligro la continuidad y accesibilidad de la atención sanitaria y además iría en contra de la libre circulación de capitales en Europa.
Razones para no prohibir la inversión privada:
Helder argumentó que la necesidad y proporcionalidad de una medida de este tipo requieren una justificación sólida para ser jurídicamente sostenibles.
Actualmente, no ve suficientes motivos para implementar una prohibición completa.
El ministro sugiere que se pueden tomar medidas menos drásticas para reducir los posibles riesgos asociados con la inversión privada.
Preocupaciones de la Tweede Kamer:
La Tweede Kamer ha expresado durante mucho tiempo su preocupación por el aumento de los inversores privados en el sector sanitario.
Ya que estos inversores suelen buscar maximizar sus beneficios, lo cual, según los parlamentarios, afecta negativamente a los pacientes.
La cadena comercial de médicos de cabecera Co-Med se cita frecuentemente como un ejemplo de los problemas causados por la inversión privada.
En los últimos meses, los pacientes se han quejado de la mala accesibilidad, y problemas financieros importantes llevaron a Co-Med al borde de la quiebra.
Aunque lograron evitarla en el último momento esta semana.
Regulaciones propuestas:
Helder planea endurecer las regulaciones existentes para salvaguardar los intereses públicos.
Esto se hará a través de la Ley de Operaciones Comerciales Integradas de Proveedores de Atención Médica y de Atención Juvenil (Wibz), que ha sido presentada al Consejo de Estado para consulta.
La Wibz establecerá un estándar para las operaciones comerciales éticas y limitará la distribución de beneficios en el sector sanitario y de atención a los jóvenes, incluyendo la comprobación de la legalidad de las declaraciones.
Declaraciones del ministro:
El ministro Helder afirmó que, aunque no impondrá una prohibición completa a los inversores privados, entiende los riesgos de equilibrar el interés financiero de los proveedores de atención médica con el interés público.
Las nuevas regulaciones propuestas buscarán asegurar que los intereses públicos se mantengan como una prioridad en el sector sanitario.