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3.000 mujeres se suman a una demanda colectiva tras la filtración de datos de Clinical Diagnostics

Mujeres unidas
Mujeres unidas © Becca Tapert en Unsplash

📈 Una avalancha de inscripciones en pocos días

El bufete de abogados Van Diepen Van Der Kroef recibió en apenas horas casi 3.000 solicitudes de mujeres que podrían participar en una demanda colectiva contra el laboratorio Clinical Diagnostics, tras la grave filtración de datos médicos robados por el grupo de hackers Nova.

“El interés ha sido enorme, recibimos una solicitud cada pocos minutos”, explicó el abogado Michaël Dol a NOS, confirmando que las víctimas proceden de todo el país.

👉 Las mujeres afectadas pueden inscribirse gratuitamente en la plataforma oficial datalekbevolkingsonderzoek.nl creada por el bufete Van Diepen Van Der Kroef para unirse a la demanda colectiva.

Una filtración masiva y sensible

Clinical Diagnostics, responsable de pruebas médicas solicitadas por médicos generales y del cribado nacional de cáncer de cuello uterino, sufrió un ciberataque que afectó a:

  • 485.000 mujeres que participaron en el programa de cribado.
  • Alrededor de 50.000 pacientes adicionales, enviadas por sus médicos de cabecera.

Entre los afectados figuran un ministro, una parlamentaria y mujeres en refugios para víctimas de violencia doméstica.

Los datos filtrados incluyen nombres, direcciones, números de registro civil (BSN) y resultados médicos confidenciales.

¿Hay base legal para una demanda colectiva?

Aunque la indignación es grande, algunos expertos advierten que aún es prematuro hablar de indemnizaciones. El abogado Sven van Dooren (Louwers IP&Tech Advocaten) explicó que:

  • Una filtración de datos en sí misma no implica ilegalidad.
  • Primero debe determinarse si hubo negligencia o incumplimiento legal por parte del laboratorio.
  • Reclamar por daños morales (estrés, ansiedad) es posible, pero difícil de probar de manera colectiva.

🔍 Investigaciones en curso

La Autoridad de Protección de Datos de Países Bajos (AP) investiga si se violó la legislación de privacidad.
La Inspección de Salud y Juventud (IGJ) analiza si las instituciones implicadas actuaron con medidas suficientes de seguridad.

“Es mejor que las víctimas reciban respuestas claras de estas investigaciones antes de dar pasos judiciales prematuros”, apuntó Van Dooren.

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